La Fiscalía de Chihuahua informó que fueron encontrados 383 cuerpos sin cremación: 218 hombres, 149 mujeres, 16 personas de sexo indeterminado y 4 menores. Ya detuvieron al dueño del crematorio y a su empleado, pero no hay explicaciones sobre cómo se permitió el funcionamiento de un sitio en estas condiciones durante cinco años. Tampoco hay responsables políticos que den la cara.

Las funerarias involucradas —Luz Divina, Protecto Deco, Del Carmen, Latinoamericana y Amor Eterno— habían subcontratado los servicios de Plenitud desde el año 2020. La investigación apunta a que podrían ser cómplices o, como mínimo, haber actuado con una negligencia absoluta.

El vocero de la Fiscalía prometió que las familias afectadas podrán acceder a nuevas despedidas, ya sea cremación o entierro. Pero el daño ya está hecho. A muchos les entregaron tierra creyendo que eran los restos de sus padres, hijos o parejas.

Desde la Unión de Funerarios de Chihuahua, su presidente Marcelo Ruiz Cantú admitió que el sector debe asumir su responsabilidad y no “escabullirse”. Mientras tanto, crece la sospecha de que estos lugares podrían haber sido usados para desaparecer personas.

La indignación social choca con un gobierno federal mudo. En una situación que exige empatía, acción y justicia, Sheinbaum apenas promete un parte técnico en una semana. Para las familias, eso no alcanza. Ni en lo simbólico ni en lo humano.