La saturación del sistema público no solo provoca demoras sino prácticas depredadoras: algunas clínicas prolongan diagnósticos, inflan costos y carecen de transparencia tarifaria, afectando sobre todo a pacientes con enfermedades crónicas o graves. La ausencia de un tabulador oficial permite estas irregularidades, mientras el Estado mantiene una vigilancia laxa.

El caso de Antonio Trejo, con mieloma múltiple, ejemplifica este colapso: optó por atención privada ante las demoras del ISSSTE, gastó cientos de miles de pesos y debió volver al sistema público en condiciones críticas. En su relato resuena la inequidad del sistema: quien puede pagar, accede; quien no, queda al margen.

Lejos de fortalecer lo público, la administración de Sheinbaum insiste en ampliar hospitales y farmacias públicas, pero sin frenar el éxodo hacia el mercado privado. Sin una regulación efectiva ni control de precios, las medidas resultan insuficientes frente al desvío masivo de pacientes.

El sistema de salud mexicano vive una fuga de usuarios hacia lo privado, mientras la gestión actual insiste en su reforma sin atacar la raíz: la falta de capacidad, insumos y regulación que hoy condena a millones a perder ahorros o endeudarse por atender sus enfermedades.