El Comité solicitó al Estado mexicano información concreta sobre las acciones emprendidas para investigar violaciones a los derechos humanos de personas migrantes, así como los esfuerzos destinados a fortalecer su búsqueda. También pidió explicaciones sobre la instalación de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, pendiente desde hace tres años. Sin embargo, no recibió respuesta por parte de las autoridades.

Respecto a casos emblemáticos como la masacre de 72 migrantes en 2010, las fosas clandestinas de San Fernando (2011) y Cadereyta (2012), la delegación mexicana se limitó a mencionar los juicios iniciados por familiares de las víctimas, sin aportar detalles sobre el avance de las investigaciones o la identificación de responsables, según denunció la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).

En su intervención, el Estado mexicano reconoció que aún tiene pendientes en el diseño de políticas públicas para atender la crisis de desapariciones. Asimismo, admitió la necesidad de reforzar el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, con énfasis en países como El Salvador, con el fin de facilitar el acceso a la justicia transnacional para las familias.

Además, se informó que entre 2019 y 2025 se emitieron 53 sentencias por delitos contra migrantes: 10 absolutorias y 43 condenatorias. No obstante, entre 2018 y 2023 solo se obtuvieron 15 sentencias condenatorias por desaparición forzada, sin que se especificara si las víctimas eran migrantes, precisó la FJEDD.

El Comité de la ONU publicará su informe final y recomendaciones para México el próximo martes 15 de abril.