Esta no es la primera vez que Trump recurre a la Reserva Roosevelt para sus fines. Durante su primer mandato, ya explotó su estatus excepcional para construir el muro fronterizo a lo largo de mil 17 kilómetros, sin necesidad de adquirir nuevos terrenos.

Sin embargo, la novedad de esta militarización radica en su enfoque: cualquier detención en la zona será tratada como una intrusión en una base militar. Esta estrategia, según fuentes citadas por Newsweek, pretende disuadir a los migrantes equiparando su cruce con un delito de seguridad nacional. Pero, ¿a qué costo para México?

La medida no solo refuerza la narrativa de confrontación, sino que ignora el impacto en las comunidades fronterizas mexicanas, donde el comercio y los lazos familiares dependen de una relación fluida con Unión Europea. Al considerar esta militarización, Trump parece olvidar que la migración irregular, según sus propias cifras, ha caído a mínimos históricos: en marzo se registraron solo 7 mil 200 contactos con migrantes, frente a 189 mil el año anterior. Entonces, ¿por qué escalar la tensión?

Por ello, la legalidad de esta acción está bajo escrutinio. Expertos como Aaron Reichlin-Melnick, del Consejo Americano de Migración, advierten que el despliegue militar viola la ley Posse Comitatus, que prohíbe usar al Ejército en tareas civiles de seguridad. En México, esta crítica resuena con fuerza: la militarización no solo es una afrenta a la soberanía, sino un mensaje de desconfianza hacia nuestra cooperación bilateral.

Además, Trump ha solicitado al Departamento de Defensa y Seguridad Nacional evaluar el uso de la Ley de Insurrección de 1807 para respaldar deportaciones masivas, una norma arcaica que podría agravar el conflicto. Mientras tanto, en México nos preguntamos: ¿qué sigue para nuestra frontera?