“Queremos que el INDAABIN investigue y frene el uso arbitrario de estos bienes. Martín Esparza no rinde cuentas y los utiliza a su antojo, lo cual está prohibido por ley”, expresó Flores durante un mitin a las afueras del Instituto, al sur de la capital.

Uno de los casos más graves denunciados es el de la sede del SME en Nuevo Necaxa, Puebla, donde recientemente se detectó una granja de criptomonedas que operaba con energía robada. Elementos del Ejército, la Marina y la Comisión Federal de Electricidad intervinieron para desmantelar la operación.

Además, el FAU reveló que existen otras instalaciones utilizadas de forma similar en el Estado de México y otras entidades, donde los inmuebles sirven como estaciones de autobuses, estacionamientos o están arrendados a empresas privadas. La organización asegura contar con pruebas documentales y testimoniales que serán entregadas al INDAABIN.

Durante la manifestación, cientos de ex trabajadores de LyFC mostraron su respaldo al FAU, señalando que mientras ellos reciben apenas 5 mil pesos anuales como dividendos, la dirigencia sindical obtiene ganancias multimillonarias.

Ramón Pacheco ejemplificó con una planta termoeléctrica en Puebla, entregada a la empresa Generadora Fénix (una sociedad del SME con la portuguesa Mota-Engil), la cual generó ingresos por 15 mil millones de pesos en 2023. De esa cifra, solo 450 millones se distribuyeron entre los trabajadores.

Desde la disolución de LyFC en 2009, más de 16 mil electricistas quedaron sin empleo y solo 600 han logrado reintegrarse laboralmente.

Mario Benítez subrayó que esta nueva denuncia se suma a otras presentadas anteriormente ante la Unidad de Inteligencia Financiera, y acusó a Esparza de crear al menos 40 empresas en las que sus familiares y allegados figuran como principales accionistas.

“El patrimonio de la Nación no puede seguir en manos de unos cuantos. Vamos a actuar con la ley en la mano para recuperar lo que es del pueblo”, concluyó el FAU.