En un movimiento que generó controversia, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado una iniciativa de reforma constitucional en respuesta a la reciente designación por parte de Estados Unidos de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Esta acción del gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, fue vista por Sheinbaum como una amenaza a la soberanía nacional, llevando a la propuesta de modificaciones en los artículos 19 y 40 de la Constitución mexicana.

La reforma busca, entre otras cosas, endurecer las penas contra el tráfico de armas y limitar la injerencia de agencias extranjeras en asuntos internos de México. Sin embargo, críticos argumentan que estas medidas podrían ser más simbólicas que efectivas, y que podrían afectar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado.