Según el análisis realizado por la BMA en colaboración con el Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y el Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, estas propuestas tendrían un impacto dramático en los poderes judiciales de México y afectarían los derechos humanos de los ciudadanos.

El presidente de la BMA, Víctor Oléa Peláez, enfatizó que estas reformas representan un golpe significativo que no puede ser ignorado. El comunicado busca generar conciencia sobre las implicaciones de la pérdida de independencia judicial para las libertades en el país.

El informe también señala que la elección de jueces por votación popular, como se ha visto en casos como Bolivia y Estados Unidos, compromete la independencia y la imparcialidad de estos funcionarios. Además, reducir el mandato judicial para que coincida con el sexenio presidencial podría politizar aún más la selección de jueces y minar la imparcialidad en la toma de decisiones.