Sin embargo, Hernández y otros expertos temen que la medida tenga el efecto contrario, facilitando que los cárteles de droga influyan aún más en el sistema judicial. Hernández destacó que, en un contexto donde el crimen organizado ya tiene un fuerte control sobre la política, la reforma podría permitir que los cárteles sobornen a jueces y magistrados, asegurando que la justicia opere a su favor. Esto consolidaría su control sobre todas las ramas del gobierno y pondría en riesgo la integridad del sistema legal y democrático de México.

Hernández también cuestionó las motivaciones de AMLO para impulsar esta reforma, sugiriendo que podría estar buscando garantizar impunidad para sí mismo y para su partido, Morena, ante las acusaciones de colusión con el crimen organizado.

El paro judicial, que ha contado con la participación de jueces y magistrados, busca oponerse a las enmiendas propuestas, que consideran afectan tanto la independencia del Poder Judicial como sus condiciones laborales. Aunque la huelga no involucra a miembros de la Suprema Corte de Justicia ni del Tribunal Electoral, los jueces continúan atendiendo casos urgentes. López Obrador, por su parte, ha minimizado la huelga, defendiendo la reforma como un esfuerzo para limpiar el poder judicial, que considera corrompido y al servicio de intereses privados y delincuenciales.