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Faltan sanciones efectivas

Sobre ruedas: la corrupción de la regulación del transporte de carga no tiene freno

Hace unos días en la autopista México-Puebla, diez adultos y una menor de edad resultaron lesionados cuando un tráiler se quedó sin frenos y chocó contra un autobús en el kilómetro 42.

La falta de sanciones efectivas, la corrupción entre autoridades y empresas; los nulos retenes para aplicar exámenes toxicológicos a los operadores del transporte de carga, así como la falta de mantenimiento de las unidades, han derivado en accidentes como el ocurrido hace unos días en la autopista México-Puebla, donde diez adultos y una menor de edad resultaron lesionados cuando un tráiler se quedó sin frenos y chocó contra un autobús en el kilómetro 42, afirmó el especialista en seguridad, Javier Robles, Director Corporativo de Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial.

Evidenció que esta falta de control es también la causa del accidente ocurrido en el municipio de Comitán, Chiapas, donde el chófer de un tráiler, quien manejaba en estado de ebriedad, embistió 12 vehículos y dejó a 7 personas lesionadas. Recordó que hace unos meses en la carretera México-Puebla, ocurrió otro aparatoso accidente que dejó 19 muertos mientras que en la carretera México-Texcoco, un tráiler derribó un puente peatonal.

“Existe un desorden total. El problema de los accidentes como lo sucedido en la carretera México-Puebla, se deriva de las transportadoras, que no verifican el estatus de sus choferes y, obviamente, las condiciones que tienen sus unidades”, expresó Robles.

De acuerdo con la última Encuesta de Accidentes de Tránsito Terrestre, de los 301,678 accidentes viales ocurridos en un año, al menos el 95 por ciento, unos 287,989, fueron causados por el conductor, mientras que otros 3,155 fueron ocasionadas por fallas del vehículo, fenómeno relacionado con la falta de mantenimiento de las unidades. Esto refleja que el factor humano es el principal responsable de estos siniestros, afirmó Robles.

Agregó que, si bien existe la normatividad en el sector, no se cumple y tampoco hay sanciones efectivas, pues muchas veces “se arreglan” el representante legal de las empresas y autoridades estatales o municipales en el mismo lugar donde ocurre accidente carretero, para que no haya consecuencias graves.

“Vemos que siguen operando de manera normal, o sea, no hay una sanción que les impida dejar de operar. No existe una administración de la flotilla de los vehículos, el estand de choferes, cómo están sus condiciones físicas o el programa de seguridad, que incluye la capacitación a conductores que debe estar validado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)”, sostuvo el especialista.

Es a través de la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) de la SCT, que los operadores de transporte de carga deben tramitar la licencia federal, para lo cual deben contar con las constancias de aptitud psicofísica y de capacitación vigentes, entre otros requisitos.

Falta de exámenes toxicológicos

A lo anterior, enfatizó Robles, se agrega la inexistencia de pruebas toxicológicas y la falta de retenes permanentes, por parte de las autoridades, que permitan verificar, mediante exámenes médicos, las condiciones en que manejan los choferes. Sobre las versiones de autoridades que indican que los choferes no utilizan las rampas de seguridad en carreteras por temor a perder la vida, el especialista detalló que esa manera de pensar es resultado de la falta de capacitación, pero también a que son pocas las que existen.

En México se registran en promedio más de 31 mil 500 accidentes viales al mes que causan la muerte de unas 45 personas por día, de acuerdo con cifras de la Alianza Nacional por la Seguridad Vial (Anasevi).

Los siniestros viales, según la organización, constituyen un grave problema de salud pública, pues cada año fallecen alrededor de 17 mil personas debido a colisiones vehiculares y es la principal causa de muerte entre niños y jóvenes mexicanos; mientras 170 mil personas sufren lesiones, heridas de gravedad o requieren hospitalización y más de 32 mil de los afectados terminan con alguna discapacidad permanente.

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